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DIARIO DEPORTIVO REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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Informe de la E.D. Moratalaz sobre la regularización laboral que afecta al fútbol base

Autor:
22-02-2015
 
La regularización laboral pone en peligro el fútbol base

 

Informa: Alejandro Posilio (E.D. Moratalaz)

El fútbol base se encuentra en pie de guerra en contra de la normativa aprobada por el Gobierno central que obliga a las organizaciones deportivas a dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a todos aquellos colaboradores que reciban una compensación económica por su labor. La implantación sin matices de esta medida llevaría a la desaparición de un gran número de clubes y escuelas deportivas del país.

Esta intención del Ejecutivo se ha visto plasmada en las inspecciones que la Seguridad Social ha realizado a numerosos clubes de distintas Comunidades Autónomas, no solo de fútbol, que han culminado en expedientes con cuantiosas sanciones.  Por ejemplo, en el 2013, el Club Natación Sabadell fue sancionado con más de un millón de euros por la falta de alta en la Seguridad Social de parte de su personal, entre ellos entrenadores que percibían una retribución de 150 a 200 euros al mes. Ese mismo año fue sancionado el club de ajedrez Llinars del Vallés por un importe de 18.000 euros, mientras que el club de fútbol Santboiá, de Tercera División, fue multado con 700.000 euros, ambos por idénticos motivos. El año pasado las multas se han multiplicado.

Esto ha provocado la movilización del fútbol modesto, el que está fuera de los focos mediáticos, pero en el que participan todas las semanas cientos de miles de jugadores de todas las categorías. Así, los primeros en protestar fueron los clubes asturianos, cuya federación territorial convocó un paro de la actividad el primer fin de semana de febrero. En la Asamblea General que la Federación del Principado celebró el 4 de este mes, los 160 delegados, representantes de directivos, árbitros, entrenadores y jugadores de los 315 clubes de fútbol base (1.231 equipos), votaron por unanimidad interrumpir las competiciones el fin de semana del 7 y 8 de febrero. Días en los que en esa Comunidad no se jugó ni un solo encuentro de fútbol federativo.

A la semana siguiente se sumaron al paro varias federaciones territoriales más. En Extremadura, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, La Rioja, Canarias, Ceuta y Melilla no se disputó ni un solo partido de fútbol base. Se suspendieron casi 10.000 encuentros, afectando a cerca de 300.000 futbolistas. Y la protesta no acaba ahí, pues se prepara un parón para el fin de semana del 7 y 8 de marzo que involucre a todas las federaciones territoriales de fútbol de España. Es decir, que afectaría a todo el fútbol base de este país, ya que el profesional, de momento se encuentra al margen.

Por lo tanto, la crisis afecta al fútbol aficionado, que en España cuenta con más de 680.000 jugadores, afiliados en 19.000 clubes, que mueven unos 550 millones de euros de gasto anual. Es decir, el perjuicio repercutirá en las canteras, que son el principal sostén de los clubes medianos y pequeños de Primera y Segunda División.

 

La normativa

La normativa que el Ejecutivo quiere hacer cumplir es la ley 14/2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, conocida popularmente como la Ley de Emprendedores. La norma obliga a la regularización de todas las actividades que conlleva el fútbol base. Así, los clubes y escuelas tendrían que dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a todos sus colaboradores, entrenadores, preparadores físicos, utilleros, cuidadores del césped, etc, cobren más o menos, y cotizar por estos rendimientos.

Los clubes defienden que, en realidad, lo que retribuyen a estas personas es una compensación por los gastos, como por ejemplo los desplazamiento, en los que tienen que incurrir por ayudar al club, ya sea dirigiendo equipos, cuidando el césped o la ropa, recuperando a los lesionados o cualquier otra actividad necesaria para el desarrollo de la organización. Por lo tanto, esta compensación no tendría el carácter de retribución económica y se podría considerar a los que la reciben como voluntarios. Es más, temen que muchas de las personas que dedican su tiempo libre a estas entidades deportivas, entre ellos jubilados, estudiantes y persona en paro, dejarían dicha colaboración si tuvieran que acogerse a las nuevas obligaciones fiscales.

Sin embargo, los ministerios de Empleo y Seguridad Social y el Educación, Cultura y Deportes han elaborado un estudio que propone regularizar la relación laboral de los colaboradores de clubes y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro mediante un contrato a tiempo parcial. Esto supondría un incremento en el coste del trabajador de aproximadamente el 30% de lo que recibe como compensación, que se tendría que añadir a los gastos del club o reducirse de lo que perciben esas personas.

Clubes y escuelas tendrían que dar de alta en la Seguridad Social a sus colaboradores, cobren más o menos, y cotizar por estos rendimientos

Según los argumentos defendidos tanto por el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, como por los ministros afectados, Ignacio Wert (Educación) y Fátima Báñez (Empleo), la normativa tiene como objetivo proteger los derechos de los trabajadores (entrenadores, monitores, preparadores físicos y demás personal) que no están dados de alta en la Seguridad Social y, por lo tanto, se ven privados de todo tipo de derechos, tanto laborales como de protección social.

Es cierto, que si los clubes tuvieran dados de alta a todos sus colaboradores, estos se encontrarían más protegidos, pues tendrían derecho a una indemnización si fueran despedidos y comenzarían antes a cotizar de cara a una futura pensión, entre otros derechos. Aunque no todos se beneficiarían, pues hay muchos de estos colaboradores que están trabajando y cotizando y que las cantidades que perciben por su labor en los clubes podrían incrementar sus cotizaciones fiscales.

Por el contrario, también hay voces que señalan que lo que realmente pretende el gobierno con la aplicación de la Ley de Emprendedores al mundo del deporte base no es más que elevar el número de afiliados a la Seguridad Social. Esto incrementaría los ingresos del Estado y, de paso, restaría personas apuntadas en las listas del paro, incluso considerando trabajadores a ciudadanos que no ganan más que para gastos. No hay que olvidar que 2015 es un año año repleto de elecciones, que culminaría con las generales al final del ejercicio.

Se prepara un paro en todo el fútbol base de España para el fin de semana del 7 y 8 de marzo

Un ejemplo revelador

Pero de lo que no hay duda es de que la aplicación sin matices de esta normativa conllevaría la desaparición de numerosos clubes y escuelas de base. Y la mejor manera de evidenciarlo es con un ejemplo real. En caso de que la Escuela Deportiva Moratalaz tuviera que dar de alta en la Seguridad Social a los aproximadamente 60 colaboradores que ayudan al desarrollo diario de la organización, entre primeros y segundos entrenadores, preparadores físicos, entrenadores de porteros, recuperadores y psicólogo, entre otros, le supondría un incremento aproximado de 46.500 euros por temporada, que habría que sumar a los 155.000 euros que se dedican a compensar durante el año los gastos de los afectados por acudir a realizar su actividad lúdica-deportiva.

Este no sería el único aumento de los gastos, pues manejar la organización administrativa de todas estas personas obligaría a la contratación de un profesional de recursos humanos que gestionara esta nueva labor o, en su caso, la contratación de los servicios de una empresa externa que llevara a cabo todo este trabajo añadido de nóminas, retenciones, etc. Además, como esta medida gubernamental afectaría también a los árbitros, es de suponer que la Federación incrementaría los costes de los arbitrajes semanales.

Todas estas subidas obligarían al inevitable aumento de las cuotas anuales que las más de 600 familias que integran la ED Moratalaz pagan para que sus hijos aprendan a jugar al fútbol, puesto que los ingresos por patrocinadores y publicidad son ínfimos hoy en día debido a la crisis y no pueden compensar el incremento de los gastos. Se calcula que cada familia tendría que abonar cien euros más por temporada, que unidos a los 500 que aproximadamente pagan hoy en día, supondría un importante gasto adicional que muchas no podrían afrontar. Esto se traduciría en la baja de un indeterminado número de niños matriculados, que conllevaría menos ingresos para la Escuela, un descenso del número de equipos (hoy hay 35) y, en consecuencia, menos entrenadores y técnicos a contratar.

Otra opción pasaría por restar el coste del ingreso en la Seguridad Social a los afectados. Es decir, que el colaborador que recibe 50 euros al mes, ingresaría 35 y los 15 restantes sufragarían la cotización;  que el que cobra 100 euros se quedaría en 70; el que percibe 200, al final sumaría 140; y el que ingresa 300, vería 210. Es decir, reducir a cantidades todavía más ridículas las que actualmente ingresan por su desinteresada labor en la gran mayoría de los casos.

De esta forma, se entraría en un bucle de decrecimiento muy peligroso que, sin duda, llevaría a la desaparición a muchos clubes y escuelas. Actualmente, la ED Moratalaz es una de las escuelas de fútbol con más niños y niñas de la Comunidad de Madrid, que podría tener recursos para subsistir o no. Lo que irremediablemente supondría sería un decrecimiento de su tamaño y, por ende, de su potencial. Si se llevan proporcionalmente estos números a entidades de menor envergadura,  ¿qué ocurriría con ellas?, muchas estarían abocados a la desaparición y miles de niños dejarían de jugar al fútbol o practicar otros deportes, lo que supone un alto coste social. Incluso con el tiempo, terminaría afectando al sector profesional.

Otra opción pasaría por restar el coste de la cotización a los afectados, y recibirían cantidades más ínfimas que las que perciben actualmente

La opción del voluntariado

Debido a que las inspecciones de Trabajo están acarreando sanciones, el Consejo Superior de Deportes ha hecho público un contrato de voluntariado al que se pueden acoger las organizaciones deportivas para aquellos colaboradores que reciben en torno a los 150 o 200 euros al mes, pues para los que perciben cantidades superiores, la normativa exige contratos a tiempo parcial para que sean dados de alta en la Seguridad Social.

En dicho contrato de voluntariado hay que hacer constar, entre otras cosas, las funciones exactas que va a llevar a cabo el voluntario, la cantidad que va a recibir y para qué, y obliga a la suscripción de una póliza de seguro que cubra al firmante en caso de accidente o enfermedad derivados de la actividad que realiza. Es decir, las cantidades que se entreguen como compensación de gastos por sus funciones deberán estar justificadas. A pesar de todo, siguen existiendo dudas sobre si este contrato de voluntario sería efectivo en una vía judicial si los inspectores de Trabajo deciden poner una sanción al club.

Si las entidades deportivas eligen el voluntariado, las cantidades que se entreguen como compensación de gastos deberán estar justificadas

 

Posibles soluciones

Una ley que reconozca la especificidad del fútbol aficionado

No cabe duda de que la implantación unilateral de esta medida del Gobierno resultaría devastadora por sus efectos demoledores, que terminarían siendo los contrarios a los buscados. Por eso, se hace necesario el diálogo entre el Consejo Superior de Deportes y las federaciones deportivas, y en particular, la de Fútbol, pues es la que arrastra al mayor número de clubes, escuelas y jugadores. Es imprescindible buscar un consenso que sirva para mejorar las condiciones laborales de los miles de llámense trabajadores, colaboradores o voluntarios y, a la vez, facilitar la viabilidad económica de las organizaciones para la que desarrollan su labor.

“Lo que se tendría que hacer es una moratoria de la aplicación de estas normas y comenzar a estudiar la aprobación de una ley del deporte que reconociera la especificidad del deporte aficionado. El gobierno no puede meter a todos en el mismo saco. Hay que diferenciar entre los clubes que mueven millones de euros y los que no tienen ánimo de lucro”, afirma Jorge Vallejo, director general de la ED Moratalaz.

Jorge Vallejo: “Es necesaria una ley del deporte que recoja la especificidad del deporte aficionado. No todos podemos estar en el mismo saco”

Este profesional aboga por la implantación de un sistema especial dentro del régimen general de la Seguridad Social para acoger a estos miles de colaboradores de los clubes y escuelas deportivas que reciben exiguas cantidades para compensar su labor, como en su día se hizo con las empleadas de hogar. Estas trabajadoras cotizan cantidades más exiguas debido a la especificidad de su labor y a sus menores e irregulares ingresos.

Vallejo plantea incluso la posibilidad de que los recursos para afrontar el gasto extra de la regularización de entrenadores y demás colaboradores proceda del fútbol profesional: “Por ejemplo, una mínima parte de los cientos de millones que van a recibir los clubes de los contratos de la televisiones o de los sustanciosos contratos que se pagan a los entrenadores debería ir a financiar estos nuevos gastos de las canteras, que mejorarían la condiciones laborales de un sector muy castigado por la precariedad laboral”.

 

La ley contempla excepciones

Esta visión es también compartida por los directivos responsables de la Escuela. El vicepresidente Francisco García así lo expone: “Resulta evidente que dar de alta a todos los que colaboran en las asociaciones deportivas sería una media justa que mejoraría el sector. Pero no se puede hacer cargando sin más estos enormes costes extras a los clubes y escuelas, pues hay que recordar que no tienen ánimo de lucro. Es necesario que se encuentren nuevas formas de financiación, procedentes del fútbol profesional, que sirvan para afrontar unos gastos que podrían llevar a la desaparición a miles de clubes y escuelas deportivas”.

El número dos de la ED Moratalaz aclara que la propia Ley General de la Seguridad Social contempla en el artículo 7.6 que se podrá, “a instancia de los interesados, excluir del campo de aplicación del Régimen General  a las personas cuyo trabajo por cuenta ajena, en atención a su jornada o a su retribución, pueda considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida”.

De hecho, en el informe antes mencionado elaborado por los expertos del Consejo Superior de Deportes para el Ministerio de Empleo se reconoce que existe un supuesto en el que se aplicó este precepto excluyente, excepto para la contingencia de accidentes de trabajo. Es el de los trabajadores de la empresa Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España, que prestaban servicios en el Hipódromo de Madrid tan solo los días en los que se celebraban carreras.  Es más, en dicho informe se añade que la exclusión que permite la Ley de la Seguridad Social exige que se regule expresamente por medio de un Real Decreto del Gobierno y que haya sido solicitada por el colectivo de interesados.

Por todo ello, Francisco García insiste en “la imperiosa necesidad de que todas las partes involucradas se sienten a negociar para llegar a un acuerdo que beneficie a todos, trabajadores, clubes, escuelas, federaciones y Administración”.

Francisco García: “Las partes involucradas deben negociar para llegar a un acuerdo que beneficie a trabajadores, clubes, escuelas y federaciones”

 

El contexto

Conflicto enmarcado en la guerra entre Villar y Cardenal

Este desencuentro entre la Administración y el fútbol base no es algo aislado, sino que forma parte de un conflicto mucho más amplio y profundo que enfrenta al Consejo Superior de Deportes, con su responsable Miguel Cardenal a la cabeza, y a la Real Federación Española de Fútbol, con su presidente Ángel Villar al mando.  Ambas instituciones y sus líderes se encuentran en plena batalla por cuestiones más mediáticas, que no más populares.

Ambos están enfrentados, entre otras cosas, por la negativa de Villar a aceptar la subvención del 1% de la recaudación de las quinielas de fútbol. El presidente federativo se indignó y decidió plantarse ante el Gobierno al conocer que la subvención asignada este año para el fútbol español sería solo de 370.000 euros, cuando la última vez que la recibió hace tres años fue de 2,9 millones de euros.

Este descenso afecta muy negativamente a las Federaciones territoriales, que disponen de menos recursos para crear y mantener las infraestructuras deportivas. Es más, las territoriales también han puesto sobre el tablero de quejas su desacuerdo con el reparto por la comercialización de los derechos audiovisuales de las competiciones profesionales, lo que complica todavía más el asunto. En este punto, incluso Villar está impidiendo que los clubes vendan sus derechos en bloque.

Además, si la Federación aceptara las subvenciones estatales, estaría obligada a someterse a la Ley de Transparencia aprobada por el Gobierno en 2013, lo que obligaría a hacer público el sueldo, los viajes y los gastos de Villar y sus directivos. Datos que no están por la labor de ofrecer.

Por su parte, Cardenal responsabiliza del paro del fútbol base a Villar, a quien también acusa de vengarse porque en la última auditoría no justificó ocho millones de euros en subvenciones para invertir en 56 instalaciones de fútbol base. En una carta a los presidentes de la territoriales, el responsable del CSD explicó que la reducción de las subvenciones se debe a que en el 2013 se adelantó un dinero en previsión de unos ingresos por la quiniela de fútbol, que luego fue menor y que este año tienen que devolver las federaciones.

Así las cosas, la RFEF se quejó a UEFA y FIFA por la “intromisión ilegítima” del CSD en materias reservadas del fútbol español. Incluso pidió a ambas instituciones que destituyeran a Cardenal  de todos sus cargos. Por eso, Villar ampara y promueve las protestas del fútbol modesto, porque le sirve para acumular más argumentos en contra del Ejecutivo. Incluso ha advertido que los paros pueden extenderse a las competiciones profesionales si el Gobierno no toma medidas. Los primeros ya se han llevado a cabo. Los segundos… está por ver.

Ajax Spinner